En la actualidad, Chile se enfrenta a una serie de desafíos provocados por las catástrofes climáticas y naturales. Los incendios forestales, las sequías prolongadas, los deslizamientos de tierra y los terremotos han causado graves daños en distintas regiones del país al menos en los últimos treinta años, aunque los riesgos naturales han estado presentes desde que se tienen registros escritos sobre estos, es decir, al menos desde el siglo XVI[1]. A pesar de la evidente necesidad de preparación y respuesta efectiva, los gobiernos de los últimos treinta años han demostrado una escasa capacidad para afrontar estas emergencias. Este análisis histórico y político examinará las razones detrás de esta falta de capacidad, centrándose en la falta de planificación y coordinación, la priorización de intereses económicos sobre el medio ambiente y las deficiencias en la infraestructura y la gestión del riesgo, pues como bien indican Camus, Arenas, Lagos y Romero, en Chile históricamente ha predominado un esquema de los asentamientos humanos donde ha primado la rentabilidad por sobre los riesgos de localización de dichos asentamientos[2].
Afrontar emergencias: respuestas desarticuladas e intereses económicos.
Uno de los principales problemas que ha afectado la capacidad de los gobiernos chilenos para afrontar las emergencias derivadas de las catástrofes climáticas y naturales ha sido la falta de una planificación adecuada y una coordinación eficiente entre los distintos organismos responsables. Aunque Chile es un país propenso a terremotos, inundaciones, incendios forestales y otros desastres naturales, las medidas preventivas y los planes de respuesta han sido insuficientes y desarticulados. Baste con mencionar lo ocurrido en el tsunami posterior al terremoto del 2010 en nuestro país, donde las autoridades o no dieron aviso cuando correspondía o bajaron alertas en momento que los servicios oceanográficos indicaban lo contrario[3].
El anterior ejemplo, como varios otros, representan una respuesta inadecuada durante las emergencias, con una distribución ineficiente de recursos y una falta de claridad en las responsabilidades de cada entidad gubernamental. De hecho una evaluación de la gestión del riesgo del área metropolitana del país en el 2010, indicaba que existía una visión excesivamente localista donde era fundamental la participación ciudadana, pues si bien existía en aquél entonces un plan para afrontar desastres naturales, aquel dejaba la impresión que una vez acabado el evento y terminada la reconstrucción se volvería al punto de inicio, lo que generaba una falsa sensación de seguridad entre las autoridades, en vez de existir una “cultura de prevención” respecto del afrontamiento de riesgos naturales[4].
En los últimos treinta años al menos, los distintos gobiernos chilenos han mostrado una tendencia a priorizar los intereses económicos por encima de las preocupaciones ambientales. Aunque Chile es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a su extensa costa, la presencia de la Cordillera de los Andes y la riqueza de sus ecosistemas se ha mantenido una política de desarrollo que ha favorecido la explotación de recursos naturales sin suficientes regulaciones y medidas de mitigación. Esto ha llevado a una mayor exposición frente a eventos climáticos extremos y ha dificultado la respuesta gubernamental ante las emergencias. No obstante existen instancias planificadas que han deseado establecer una política nacional contra las catástrofes naturales[5], no obstante, ella también deja ver la relevancia que adquiere lo económico por sobre otros factores involucrados en la gestión del riesgo al centrar parte de sus preocupaciones no en la prevención sino en los efectos de las catástrofes ambientales.
Deficiencias en la infraestructura y la gestión del riesgo
Otra razón importante de la escasa capacidad de los gobiernos chilenos para afrontar las emergencias derivadas de las catástrofes climáticas y naturales ha sido la deficiencia en la infraestructura y la gestión del riesgo. A pesar de contar con avances significativos en materia de infraestructura, como carreteras y edificaciones más resistentes, aún existen deficiencias en la planificación y construcción de obras públicas que consideren los riesgos asociados a eventos naturales, ejemplo notorio que se encuentra en las últimas lluvias que afectaron al país en junio pasado y que dejaron puentes dañados tras la crecida del Longaví[6], el corte de la ruta 5 sur tras la destrucción el puente Lircay[7] o el aislamiento de miles de personas en la Araucanía, lo que se suma al colapso de otro puente (río Cautín)[8]. Además, la gestión del riesgo ha sido insuficiente, con una débil implementación de sistemas de alerta temprana, escasa educación en prevención y falta de mecanismos de respuesta rápida y efectiva, elementos que en general las investigaciones sobre este tema continuamente resaltan[9].
Otro ejemplo es la sequía que afecta a gran parte del país desde hace varios años. Aunque la escasez de agua es un problema recurrente en Chile, los gobiernos no han implementado medidas suficientes para hacer frente a esta crisis. La falta de infraestructura de almacenamiento y distribución de agua, así como la falta de políticas eficaces de uso y conservación del recurso, han dejado a muchas comunidades sin acceso adecuado a este vital elemento y consecuentemente han dejado ver conflictos subyacentes derivados de la propiedad de la tierra, derechos del agua en manos de privados y priorización de intereses económicos por sobre el consumo humano como ocurre en Petorca[10].
Reflexiones finales
Por tanto, la escasa capacidad de los gobiernos chilenos para afrontar las emergencias derivadas de las catástrofes climáticas y naturales en los últimos treinta años se ha debido a la falta de planificación y coordinación, la priorización de intereses económicos sobre el medio ambiente y las deficiencias en la infraestructura y la gestión del riesgo. Para mejorar esta situación, es fundamental que el gobierno chileno promueva una planificación integral de la gestión del riesgo, fomente la participación ciudadana, fortalezca la coordinación entre los distintos actores involucrados y priorice la protección del medio ambiente en la toma de decisiones políticas y económicas, elementos que solo en los últimos años han cobrado importancia a propósito de la participación de la ciudadanía y de la expresión de sus demandas vinculadas a estos aspectos.
Ciertamente la escasa capacidad de los gobiernos chilenos para afrontar las emergencias derivadas de las catástrofes climáticas y naturales ha tenido graves consecuencias para el país. La falta de planificación y coordinación, la priorización de intereses económicos sobre el medio ambiente y las deficiencias en la infraestructura y la gestión del riesgo han debilitado la respuesta gubernamental frente a estas situaciones de emergencia. Es crucial que se realicen cambios significativos en la forma en que se aborda la gestión del riesgo y la protección del medio ambiente en Chile, pues solo mediante una acción efectiva y sostenida se podrá mejorar la capacidad del país para afrontar las emergencias derivadas de las catástrofes climáticas y naturales en el futuro a fin de no repetir episodios recientes en los que una breve pero sistemática precipitación, pone de cabeza a gran parte del país, aislándonos y generando toda una serie de dificultades asociadas.
[1] Ejemplos de investigaciones en relación con los riesgos naturales y particularmente sobre terremotos véase Rojas, Carlos. “El terremoto de 1575: representaciones y discursos en la capitanía general de Chile en el siglo XVI”. Temas Americanistas, Nº23, 2009, pp. 67-90; Onetto, Mauricio, “Terremotos recordados, temblores olvidados: interpretaciones sobre los orígenes de la memoria telúrica en Chile”, Revista de Geografía Norte Grande, N°59, 2014, pp.185-199
[2] Camus, Pablo; Arenas, Federico; Lagos, Marcelo y Romero, Andrés, “Visión histórica de la respuesta a las amenazas naturales en Chile y oportunidades de gestión del riesgo de desastre”, Revista de Geografía Norte Grande, N°64, 2016, pp.9-20.
[3] Véase Ramirez, Pedro y Aliaga, Jorge. “Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI”, publicado el 18 de enero de 2012, Investigación CIPER, consultado en https://www.ciperchile.cl/2012/01/18/tsunami-paso-a-paso-los-escandalosos-errores-y-omisiones-del-shoa-y-la-onemi/
[4] Sánchez, Rafael, “La debilidad de la gestión del riesgo en los centros urbanos. El caso del área metropolitana de Santiago de Chile”, Revista de Geografía Norte Grande, N°47, 2010, pp.5-26.
[5] ONEMI-Ministerio del Interior y Seguridad Publica, “Política Nacional para la gestión del riesgo de Desastre”, departamento de comunicaciones y difusión ONEMI, 2016.
[6] https://www.adnradio.cl/nacional/2023/06/25/uno-se-corto-crecida-rio-longavi-dana-dos-puentes-maule.html
[7] https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-momento-exacto-colapsa-puente-lircay-desconecta-ruta-5-sur-24-6-2023
[8] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/28/911429/Lluvias-en-La-Araucania-dejan-8600-aislados-y-en-Temuco-colapsa-puente-sobre-rio-Cautin.html
[9] Un ejemplo reciente de la falta de capacidad para enfrentar las catástrofes climáticas y naturales en Chile relacionadas con la falta de mecanismo de alerta temprana o planes de contingencia, además de mecanismos de respuesta no del todo veloces en su accionar lo representa el incendio forestal ocurrido en la región de Valparaíso en enero de 2022. Y es que a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el fuego se propagó rápidamente debido a la falta de cortafuegos y de coordinación en la respuesta. El resultado fue la destrucción de cientos de viviendas y la pérdida de vidas humanas.
[10] Bolados, Paola; Henríquez, Fabiola; Ceruti, Cristian y Sánchez, Alejandra, “La eco-geo-política del agua: una propuesta desde los territorios en las luchas por la recuperación del agua en la provincia de Petorca (zona central de Chile)”, Revista Rupturas, Vol. 8, N°1, enero-junio, 2018, pp.1667-199.
