El Crédito con Aval del Estado o CAE se creó en el año 2006 como una alternativa que permitiría facilitar el acceso a la educación superior, respaldando económicamente a los estudiantes que no podían financiar su educación universitaria. Inicialmente, la idea fue democratizar el acceso a la educación superior, entregando oportunidades a estudiantes de menores recursos para el ingreso a instituciones privadas y públicas, con la garantía de pagar el crédito una vez egresados. Sin embargo, la implementación del CAE, desde sus inicios, ha generado numerosas críticas, debido a una serie de consecuencias económicas y sociales que han afectado a miles de estudiantes y a sus familias.
El contexto de instauración del CAE es bastante turbulento. Desde el retorno a la democracia, Chile experimentó un proceso de creciente desigualdad en el acceso a la educación superior, debido a la privatización de las universidades y a la reducción del financiamiento estatal, producto de las políticas neoliberales impulsadas durante la dictadura militar. Dichas políticas incrementaron los costos arancelarios, produciendo dificultades en el acceso a la educación universitaria para los estudiantes de sectores vulnerables. A inicios del siglo XXI, sólo aquellos con recursos o beneficiarios de limitadas becas lograban ingresar a la educación superior.[1] De este modo, la educación universitaria se había convertido en un mecanismo que perpetuaba las desigualdades sociales, limitando la movilidad social en el país. En este contexto, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se intentará democratizar la educación mediante la creación del CAE como parte de una política que buscaba ampliar la cobertura educativa, es decir, su objetivo era facilitar el ingreso a la educación superior mediante préstamos garantizados por el Estado para estudiantes de familias que no podían cubrir los crecientes costos de los estudios.[2] Aunque inicialmente el CAE fue visto como una solución para mejorar el acceso, también fue generando críticas por el endeudamiento que provocaría a miles de estudiantes.
Las movilizaciones estudiantiles, especialmente las de 2006 y 2011, fueron momentos clave en la historia reciente de Chile y en la crítica al modelo educativo instaurado bajo políticas neoliberales. En 2006, la llamada «Revolución Pingüina» protagonizada por estudiantes secundarios exigió reformas profundas en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), heredada de la dictadura, y mejoras en la calidad y equidad del sistema educativo. Sin embargo, fue en el 2011 cuando los estudiantes universitarios, liderados por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), pusieron en el centro del debate nacional la problemática del endeudamiento estudiantil, la mercantilización de la educación y el rol del CAE en dicho proceso. Las demandas estudiantiles se articularon en base al objetivo de alcanzar una educación gratuita y de calidad, así como el fin al lucro en las instituciones educativas. Estas movilizaciones, masivas y prolongadas, fueron un reflejo del descontento generalizado con un sistema que perpetuaba las desigualdades, y lograron posicionar la educación como un tema prioritario en la agenda política chilena, influyendo en debates y reformas posteriores.
Las críticas al CAE han destacado su impacto en el endeudamiento masivo de estudiantes. Este instrumento, cuya intención sería la de democratizar el acceso a la educación superior, ha terminado generando una carga financiera insostenible para muchos egresados. Las altas tasas de interés y la actualización de las deudas según la Unidad de Fomento (UF) han incrementado el monto total de los créditos, lo que ha hecho difícil para los beneficiarios cumplir con los pagos. Según un informe, el 39% de los deudores no ha podido pagar debido al alto costo de la deuda y los intereses, mientras que un 43,7% señala que sus ingresos no son suficientes debido a los bajos sueldos en las carreras estudiadas.[3] A esto se suma la discusión respecto a los actores favorecidos mediante su implementación. Por ejemplo, se ha señalado que los principales beneficiados de este sistema no son los estudiantes, sino los bancos y, en menor medida, las universidades, lo que ha contribuido a un creciente malestar social y manifestaciones a favor de la condonación de las deudas. El 55,6% de la población cree que los bancos han sido los mayores beneficiarios, mientras que el 53,2% está de acuerdo con la condonación total de las deudas del CAE. Estas críticas han llevado a la discusión de nuevas políticas gubernamentales. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha propuesto un plan para la condonación de la deuda del CAE, un movimiento que refleja la presión pública y las promesas hechas durante su campaña.[4]
El Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) permitirá a los estudiantes comenzar a retribuir un año después de egresar o interrumpir sus estudios, siempre que estén trabajando. La retribución dependerá de los ingresos, con un máximo del 8% del sueldo, y quienes ganen menos de $500.000 mensuales estarán exentos. La devolución se calculará según los semestres cursados, con un período de pago de dos años por cada semestre estudiado. Además, el Estado transferirá los aranceles a las universidades, que no podrán cobrar montos adicionales, excepto para quienes estén en el 10% de mayores ingresos. Para los deudores de CAE, Fondo Solidario y Corfo, se ofrecerán tres tipos de condonación: inicial, adicional por pago anticipado y condonación mensual progresiva. Quienes ya hayan saldado sus deudas recibirán un beneficio tributario por 20 años.[5]
El proyecto de ponerle fin al CAE ha sido visto con desconfianza por parte de los miembros del Congreso. Los sectores de izquierda lo entienden como parte de un proceso necesario que va de acuerdo al programa de gobierno de Boric, pero aún así grupos como la agrupación anticapitalista Vencer, abogan por un cambio más radical, mediante el financiamiento directo desde el Estado a las instituciones.[6] Por su parte, miembros de la derecha, como el abogado Máximo Pavez, vicepresidente de la UDI, expresan una fuerte oposición al proyecto que busca reemplazar el CAE por un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES). Pavez criticó duramente la gestión del gobierno en esta materia, calificándola de «ineptitud». Alegó que proponer un proyecto de esta magnitud en un año electoral era irresponsable, destacando esta acción como populista. Para él, esta iniciativa tenía por objetivo satisfacer a los grupos afines al gobierno, identificándolos, despectivamente, como su «barra brava».[7] Desde su perspectiva, el proyecto no sería viable, siendo más un acto de campaña que una propuesta seria de política pública. Para la derecha, el involucramiento del Estado en la educación superior, como plantea el nuevo sistema FES, significaría un aumento del intervencionismo estatal al reemplazar la participación de la banca privada. Por lo mismo, genera rechazo entre quienes abogan por una menor intervención estatal en áreas clave como la educación o la economía. Por otro lado, el gobierno defiende el FES como un sistema más justo, ya que busca eliminar la dependencia de los bancos en el financiamiento de la educación superior y proponer un sistema de pagos al Estado, vinculado a los ingresos futuros de los estudiantes.
El proyecto que pondría fin al CAE representa uno de los compromisos centrales del programa de gobierno del presidente Boric. Con esta propuesta, el gobierno no sólo avanzaría en el cumplimiento de su agenda social, sino que también representaría un giro en la forma en que se discute el acceso a la educación. El impacto de esta medida es significativo, ya que promete aliviar la deuda de muchos ex estudiantes y, a la vez, propone un modelo de retribución acorde a las capacidades económicas de los egresados, evitando así la presión financiera que impacta, mayormente, en los sectores más vulnerables. Sin embargo, la implementación efectiva del FES traerá consigo importantes desafíos. No solo se requerirá un marco administrativo robusto para gestionar los pagos vinculados a los ingresos futuros, sino también un seguimiento exhaustivo de los beneficiarios y una capacidad estatal fortalecida para garantizar la sostenibilidad económica del sistema.
Finalmente, una de las interrogantes respecto al futuro de esta medida es si encontrará el apoyo deseado en el Senado. Aunque cuenta con el respaldo de quienes abogan por una educación superior más equitativa, la oposición política ha manifestado dudas sobre la viabilidad y el verdadero propósito del proyecto, tildándolo de oportunismo electoral. En este sentido, observaremos un intenso debate en el Senado, en donde la capacidad del gobierno para negociar y conseguir apoyos será crucial para que esta iniciativa prospere. El fin del CAE y la implementación del FES son solo el principio de un largo proceso de transformación en el sistema educativo chileno. Los próximos desafíos serán, sin duda, aún más complejos. La pregunta que queda es si será posible, entonces, lograr un consenso que permita avanzar en esta reforma. La respuesta está aún en disputa.
[1] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140395
[2] https://www.opech.cl/wp-content/uploads/2020/11/desigualdad-de-acceso.pdf; https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/158
[3] https://radio.uchile.cl/2024/06/02/cae-53-de-la-poblacion-esta-de-acuerdo-con-la-condonacion-de-la-deuda/
[4] https://elpais.com/chile/2024-05-15/el-gobierno-de-boric-presentara-antes-de-septiembre-un-plan-para-condonar-la-deuda-estudiantil-del-cae.html
[5] https://www.gob.cl/noticias/fin-cae-financiamiento-publico-educacion-superior-fes-
[6] https://www.laizquierdadiario.cl/De-nuevo-sistema-de-financiamiento-a-nuevo-sistema-de-endeudamiento
[7] https://www.elciudadano.com/chile/el-portazo-del-vicepresidente-de-la-udi-al-proyecto-que-pone-fin-al-cae-no-va-a-ser-ley-cobrenme-la-palabra/10/11/
