La investigación en torno a la política y cómo ésta se articula con la sociedad es algo que ha adquirido especial relevancia, sobre todo desde los últimos 30 años tras la vuelta a la democracia. En este sentido, la sistematización y definición por diversas áreas de estudio y, a su vez, desde líneas ideológicas discordantes, han sido elemento de gran discusión. En el siguiente análisis nos proponemos responder a la interrogante sobre el modelo y las cuestiones que de este se desprenden, especialmente en el ámbito político, para entender cómo resuenan en aquel momento y las consecuencias para el presente.
Con el retorno a la democracia, el país logra cambiar de sistema político, entrando en el escenario nacional el periodo de los partidos de la Concertación, creando grandes cambios en distintas esferas de la sociedad, tales como reformas educacionales, políticas, en temas de derechos humanos, brechas de pobreza, entre otras, que fueron recibidos de manera positiva por la sociedad. Ahora bien, ya en la década de 1990 y con mayor fuerza en la década siguiente, comenzará un debate intelectual sobre la duración que habría tenido, generando de esta forma un quiebre sin retorno entre la política y la sociedad civil. Este quiebre viene dado, entre otras cosas, por las herencias que dejó la dictadura a pesar de que algunas de ellas se fueron cerrando con reformas políticas. Estas “ataduras” han sido denominadas enclaves autoritarios, es decir, principios establecidos en la Constitución que se mantienen condicionando el pleno funcionamiento de una democracia. En este marco, el modelo neoliberal fue sin duda uno de los grandes amarres que dejó la dictadura -a partir de los “Chicago Boys”- sobretodo al comenzar a dar cuenta de que la sociedad vivía de una forma más compleja de la que se pensaba que podría cambiar este modelo. Debemos recordar que en 1982 sucede una gran crisis económica que afecta duramente al país, y no es hasta 1987 que las estadísticas económicas comienzan a mejorar hasta que nuevamente se da un leve decaimiento a principios del nuevo milenio.
La instalación de la democracia como sistema política tuvo trabas y limitaciones producto de la Constitución de 1980. Esto se evidenciará en las palabras de Patricio Alwyn en medio de las movilizaciones de 1984. El expresidente sostendría que, a pesar de la ilegitimidad de la Constitución, este texto ya era parte de la realidad por lo que se debía avanzar con él. Luego, los gobiernos de la Concertación deberán actuar con el proyecto político implantado en dictadura, aún cuando irán realizándole modificaciones con el transcurso del tiempo. Estos aspectos permiten apreciar la fragilidad de la democracia que, por cierto, no era propia sólo del caso nacional. Al contrario, varios países de América Latina sufrirán las expresiones más reales de la crisis al interior de la política, sobre todo por los populismos de izquierda y de derecha, y la incapacidad de lograr generar estabilidad regulada en cada país. La democracia entonces, va mostrando sus diversas capas sobre las cuales se va entreviendo su retroceso o peor aún, estancamiento. En Chile al menos, la política del desarrollo ya es cosa del pasado, las escasas esperanzas de que se lograra un cambio sustantivo como proponía la Concertación -este crecimiento con equidad- se vieron truncados por las amenazas y debilitamiento que va carcomiendo internamente a la democracia.
El problema principal radica, desde una perspectiva actual, en que existe una incapacidad política y partidista de lograr un consenso para hablar de democracia. El debate de ideas y opiniones entre personas es enriquecedor y naturalmente benéfico, empero cuando esto se lleva al escenario político, y se generan tensiones creciendo las rivalidades, lo único resultante es la desesperanza y alejamiento desde la sociedad hacia la política. Sea que la Concertación mantuvo la continuidad de la democracia protegida y del neoliberalismo, o hubiese implantado una revolución y no una reforma, lo cierto es que la gran característica a la que se tuvo que enfrentar de cara a los últimos años, fue el crecimiento de los sectores medios que desarticularon la forma en que se implementaban las reformas. En este sentido, la lógica ante los incipientes malestares sociales es simple: cuando hay algo que no está siendo atendido de la manera en que genere un bienestar social predominante, y a eso, se le suman otros elementos como crisis externas o debates políticos, la sociedad va a protestar en contra, siendo el caso primigenio el de la educación en los años 2006 y 2011. De manera que por más que el proceso político durante los últimos treinta años haya sido una victoria para los partidos políticos, siendo su mayor expresión la coalición de centroizquierda que gobernó durante cuatro gobiernos seguidos, fue poco a poco una derrota expresada en desigualdades, promesas incumplidas y un cuerpo estatal cada vez más desprolijo que dan como resultado la oleada de malestares ciudadanos.
Alcanzar la modernidad no es algo fácil de realizar, siempre se debe tener la consideración de que cuando algo comienza a tener gran fuerza, hay otro u otros elementos que dejan de ser importantes, lo que genera ruido y tensión entre qué es lo que hay que priorizar. No obstante, esto al interior de los partidos es sumamente subjetivo, no así con el modelo implantado el cual vela por la estabilidad económica y tan sólo es una teoría que se pone en marcha. Los cambios nunca son fáciles, más aún cuando se trata de transiciones políticas, ya que generan debates respecto de qué acuerdos se deben transar y cuáles se deben dejar de lado.
Consideraciones finales
Debemos insistir en el verdadero sentido y alcance que han tenido estos últimos 30 años en la historia nacional, esto es, entender cada proceso en su debido contexto y considerar a la democracia como el sostenedor fundamental del proceso político chileno. Cuando entendamos que aunque la política sea cíclica, pero a la vez inesperada, y que estemos preparados como sociedad civil y como cuerpo político ante esas complejidades y discordias que pueden resultar, es que se podrá comenzar una nueva etapa en la política atravesada no por el conflicto, sino que por la discusión intrapartidista en vías de un mejor diálogo que se acerque a las realidades y no se quede en la mera plática. Los gobiernos de la Concertación son ejemplo de lo que Chile requirió en su momento en cuanto a aspectos económicos, sociales y políticos se refiere, pero que como una gran parte de la gobernabilidad que ha atravesado el país desde la segunda mitad del siglo XX, no cumplió con todas las propuestas de manera completa. Esto por tanto, en conjunto con las limitaciones que dejó la dictadura y más específicamente la Constitución de 1980, condicionan y van armando un escenario nacional que se complejiza con los años, llegando a la última década reciente donde las manifestaciones sociales se ven expresadas de mayor forma con la revolución pinguina en el 2006, con el movimiento estudiantil de 2011 y con el estallido social de 2019.
De esta manera, podemos resumir las causas principales que dan origen a las manifestaciones sociales en dos: la crisis de legitimidad y desafección política que se genera entre la sociedad y la política, donde cada vez está más alejada de las reales demandas, y a su vez, el cuerpo político no es capaz de llegar de manera resolutiva con la sociedad civil generando un diálogo entre partidos que mejore el bienestar de la ciudadanía; y por último, se encuentran las grandes desigualdades experimentadas desde la clase media y los sectores más pobres del país, en relación a los grupos elitistas quienes mantienen salvaguardado un inquiebrantable poder. Aunque Larrañaga y Rodríguez hayan propuesto en un informe del PNUD que “la irrupción de lo social en la agenda pública representa una oportunidad para el país en tanto propicia que se realicen los cambios y reformas estructurales requeridos para desactivar el circuito de la desigualdad y poder aspirar a un desarrollo definitivo»[1] es algo muy complejo de resolver. Aún no existen respuestas satisfactorias para estos problemas, por lo que podemos hablar de la existencia de una crisis política en el escenario nacional actual.
[1] Larrañaga, O. Rodríguez, M.E. (2015) “Desigualdad de ingresos y pobreza en Chile: 1990 a 2013”, en Osvaldo Larrañaga y Dante Contreras (ed.) “Las Nuevas Políticas de Protección Social en Chile”, 2da ed. Uqbar Editores.
