“Chile despertó”[1] y “¡Trabajadores honrados abrid los ojos!”[2] Son dos expresiones que pueden parecer similares, sin embargo, los contextos en que cada una fue formulada distan por más de un siglo. Durante las primeras décadas del siglo XX, el país atravesó un proceso de transformaciones en diversos ámbitos de la sociedad, a raíz del desarrollo de la industria salitrera y los procesos de urbanización, lo que trajo como consecuencia una disyuntiva política-social y la formación de una clase obrera. Desde la historiografía, este fenómeno se ha denominado como “cuestión social”, algo que, en palabras de Rosanvallon, “se traduciría en una inadaptación de los viejos métodos de gestión de lo social”[3]. Actualmente, nos encontramos enfrentados a una serie de problemas que recorren diversos aspectos de la sociedad, incluyendo dificultades en el ámbito de la salud, habitacional, económico, entre otros, lo que llevaría a una explosión social generalizada que, previo a octubre de 2019, no parecía posible. Dichos problemas estaban presentes, generando desajustes en la sociedad, y su manifestación evidente en el espacio público ha llevado a que las autoridades las aborden desde diferentes perspectivas. Bajo este marco, esta columna examina dos aspectos específicos de la crisis social y política experimentada en el país, en particular la tensión existente entre los sectores medios y el sistema político, y la legislación social.

Tensión entre el sector medio y el sistema político

Debido a todo lo ocurrido durante los últimos años, algunos han denominado este fenómeno como una nueva cuestión social, no por la forma en que se dieron las disyuntivas, sino más bien por el elemento que gatillaría estas desestructuraciones en la sociedad. Las demandas actuales no provienen de los sectores obreros tradicionales, sino que de un complejo grupo que resulta difícil de definir tan claramente: los sectores medios. En este sentido, existe un malestar e insatisfacción de este grupo, lo que lleva a una desconexión entre sus intereses y las autoridades de gobierno -cualquier sea su signo político-. Claudio Fuentes ha explicado que la crisis del sistema político, en cuanto a las demandas de la población, consiste en una “crisis de representación” al punto que “aludimos a la distancia, a la fuerte insatisfacción de la ciudadanía (del pueblo) respecto de sus representantes”[4].

Tal como ocurría con la clase obrera a inicios del siglo XX, en la actualidad son sectores amplios de la sociedad los que no sienten que sus demandas sean atendidas por las autoridades que se ocupan de las decisiones políticas, sea el gobierno o el parlamento. Al mismo tiempo, observan que su trabajo y contribución al desarrollo de la economía y de la sociedad chilena no es retribuido de la manera correcta. Para el caso de los obreros en el siglo anterior, esto se traduciría en una imposibilidad de movilidad social y un sentimiento de decepción y desesperanza al enfrentarse sin ayuda a las coyunturas contemporáneas.

Legislación social frente al cambio

Las acciones legislativas, entendidas como las decisiones y actos realizados por el poder legislativo, pueden agudizar tanto como apaciguar los problemas sociales. Sin embargo, dichas acciones no son las únicas causantes de ello, sino más bien son los elementos -estructurales o no- que se condensan y que nos permiten evidenciar los desajustes sociales de un contexto determinado.

La cantidad de demandas que se han hecho presentes dentro último período, derivan en mayor inestabilidad de las políticas de legislación social, debido a la complejidad y tiempo que lleva presentar, deliberar y decidir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En este sentido, el Congreso como cuerpo legislativo ha tenido una fuerte presencia en cuanto a la toma de decisiones políticas en determinados momentos de la historia nacional, siendo un ejemplo de ello los períodos a los que nos hemos estado refiriendo. Así, las acciones del parlamento se generan a partir de la interacción con sectores de la sociedad que demandan políticas sociales. Es decir, el Congreso no siempre actúa de buena fe, sino que lo hace porque hay sectores de la sociedad que lo exigen. Actualmente, no existe una constitución parlamentaria, sin embargo, de igual manera el poder ejecutivo, cuyo poder lo detenta el presidente, se ve interpelado por el Congreso, lo que evidencia el poder de este último y, por cierto, da cuenta de una  incipiente tensión entre ambos poderes.

¿Ahora qué?

En síntesis, el gran problema que atraviesa la sociedad en ambos períodos está relacionado con la política directa, aquella que permite dar cuenta a la población de que se está generando un cambio en el plano social y político en el que se da una incapacidad de los actores que toman decisiones políticas de gestionar efectivamente las demandas ciudadanas y abordar los principales problemas que han producido esta crisis. Para enfrentar este escenario sin caer en medidas populistas o de corto plazo se requiere de visión estratégica. El desencanto entre la sociedad y los poderes del estado -legislativo, ejecutivo y judicial- ha llevado a que estos sean interpelados y reciban críticas por su actuar. De este modo, lo que se observa y ocurre actualmente es algo que ya se vivió a principios del siglo XX, lo que nos lleva a pensar en las posibles alternativas que se proyectan para este problema. La consolidación de una constitución elaborada en democracia puede ayudar, por ejemplo, a disminuir la tensión social. Debemos estar atentos al curso que tomará el actual proceso constituyente, considerando las expectativas ciudadanas y las proyecciones políticas del proceso luego de las elecciones efectuadas recientemente.

El símil entre estos dos momentos es que suponen tiempos de cambios, y por tanto de incertidumbres. Mientras algunos se resisten a este cambio de paradigma, hay otros que apuntan a modificar las lógicas que hasta ese momento se tenían. Encontrar el punto medio entre una aceptación al cambio y la existencia de normativas que han perdurado sin mayores inconvenientes, es el desafío que deben abordar quienes están en el ámbito de la política institucional para avanzar hacia la solidez y estabilidad del Estado chileno.

Finalmente, el origen del problema está en comprender cómo funciona el sistema político a partir de los consensos entre los distintos sectores. Parece ser que nos encontramos con que la sociedad olvida su pasado, debido a que vuelve a caer en los mismos desfases. La democracia funciona buscando un acuerdo común, sea en momentos de tensión como los periodos estudiados o bien en períodos de estabilidad. Solo así se avanzará a un verdadero ideal democrático.

[1] Esta fue de las frases más mencionadas durante el “estallido social” iniciado en octubre de 2019. Varias organizaciones, medios de prensa y personas utilizarían dicha expresión para referirse a las movilizaciones sociales.

[2] Recabarren, Luis Emilio, “!Trabajadores honrados Abrid los ojos!”,en Ximena Cruzat y Eduardo Devés. Recabarren: Escritos de prensa: (1898-1905). Santiago, Nuestra América, 1985, p.14.

[3] Rosanvallon, Pierre, La nueva cuestión social: Repensar el Estado Providencia. Buenos Aires, Manantial, 1995, p. 8.

[4] Fuentes, Claudio, La erosión de la Democracia en Chile. Santiago, Catalonia, 2019, p.16.