Pobreza, Desigualdad y Políticas Sociales en Chile: una mirada desde la pandemia y el proceso constituyente.

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En el contexto de crisis socio-sanitaria en el cual nos encontramos a raíz de la pandemia por covid-19 observamos como otra vez la pobreza, o más bien, el empobrecimiento que afecta a vastos sectores de la población, vuelven a irrumpir con fuerza en la agenda pública y el debate nacional. Problema y debate público que sin embargo no se agota en la pandemia, sino que se complejiza en el marco del proceso constituyente que vive el país, y de las demandas por mayores niveles de igualdad y justicia social a la base de las movilizaciones sociales de los últimos años, especialmente desde octubre de 2019. En este escenario, y a diferencia de la década de los noventa, la pobreza como problemática urgente no puede esta vez desvincularse u omitir las desigualdades que la explican y contienen, como fue lo sucedido al inicio de la transición a la democracia, cuando los pactos de gobernabilidad y los enclaves autoritarios llevaron a enfatizar la pobreza por sobre la desigualdad en aras de evitar todo conflicto social. Pero ahora la situación es distinta. A más de treinta años desde el inicio de la transición el país experimenta una irrupción pública de sus conflictos, entre ellos, el de la desigualdad y sus múltiples manifestaciones, incluyendo al área de la política social. En efecto, las políticas sociales, y más ampliamente, los derechos sociales, se han vuelto un tema de debate publico y conflicto en la sociedad chilena, considerando la dualización existente entre servicios públicos y privados de calidad diferenciada en esferas criticas del bienestar (salud, educación, vivienda), así como la existencia de políticas de asistencia social paliativas y poco significativas para superar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que afectan a vastos sectores de la población. Elementos críticos de nuestro sistema de política social que en el marco de los procesos de politización y movilización social que atraviesan a la sociedad chilena han implicado el surgimiento de demandas por políticas sociales de mayor universalidad e impacto distributivo.

En este punto, resulta importante señalar que las políticas sociales juegan un rol significativo a la hora de promover procesos de redistribución social, pudiendo contribuir a la mejora de la desigualdad social de base de una sociedad. Entre muchos factores, lo anterior depende de la magnitud y el origen del gasto social, lo que implica considerar los impuestos más allá del IVA para incluir los impuestos a la renta (sobretodo de los “súper ricos”) así como gravámenes a las empresas y el capital internacional. Pero, por otra parte, y de forma muy crucial, el impacto distributivo de la política social también se juega en “dónde” y en “quiénes” se prioriza el gasto social. Y aquí nos encontramos con uno de los factores que hacen de la política social un campo de conflicto en la actualidad: la focalización. Como instrumento de política social, la focalización, ya sea por condiciones socioeconómicas o de categorización, cumple un rol importante a la hora de priorizar el gasto social en aquellos sectores y poblaciones que requieren atención urgente por parte del estado, como tradicionalmente lo ha sido la pobreza. Si bien los recursos disponibles constituyen un factor determinante a la hora de decidir los criterios y alcances de la focalización del gasto social, también los regímenes de bienestar en los cuales se enmarcan las políticas sociales constituyen un factor determinante a la hora de canalizar recursos y seleccionar al sujeto o grupos prioritarios de la política social. En este sentido, tal focalización puede ser más o menos estricta, según se considere la acción del estado como “residual” a la acción del mercado, “complementaria” a los ingresos del trabajo y el bienestar provisto por la familia, o “fundamental y amplia” en aras de desmercantilizar y desfamiliarizar las condiciones de vida de la población en general, y de cada individuo en particular.En un régimen (neo) liberal como el chileno, no es de extrañar el carácter residual de la política social. Residualismo que se expresa en una “hiperfocalización” por criterios socioeconómicos restrictivos, y en prestaciones y transferencias monetarias mínimas que resultan insuficientes para realmente superar las condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad que afectan a vastos sectores de la población. Residualismo que a su vez “castiga”, subiendo puntajes y quitando “beneficios”, ante cualquier escueto signo de mejora socioeconómica por parte de sus “beneficiarios”. Castigo que sin embargo es resentido no sólo por aquellos que pierden sus prestaciones y que deben someterse, una vez más, a los interminables procesos de solicitud, reclamo y espera de la burocracia estatal; sino que también por todos esos grupos que resultan excluidos de la acción prioritaria del estado debido a sus condiciones de vida que los ubican en una aparente “clase media”, o más específicamente, por sobre el 40% del registro social de hogares, nuestro actual mecanismo de estratificación y selección de la población. Dinámicas de “inclusión condicionada”, castigo y exclusión que no son más que el resultado del “ethos liberal” a la base de nuestro sistema de política social que apuesta por la centralidad del mercado como fuente y origen del bienestar individual y familiar. Una concepción liberal del bienestar que si bien ha limitado significativamente los alcances e impactos de la política social en materia de redistribución social, hoy se encuentra profundamente cuestionada no sólo por los impactos de la pandemia covid-19 en materia de empleo e ingresos; sino también, por los procesos de movilización colectiva que han empujado el proceso constituyente en el cual nos encontramos, y en donde se juegan, entre otras materias, las posibilidades de re-definir las responsabilidades del estado en materia de bienestar y protección social permitiendo transitar desde una lógica residual y/o subsidiaria a una lógica de derechos. Y es precisamente en este cambio de lógica en donde radica la posibilidad de que las políticas sociales puedan hacer un impacto significativo no solo en materia de pobreza sino también de desigualdad.

Autor/a

  • Profesora y trabajadora social de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Liceanciada en Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Doctora en Política Social, University College de Londres, Inglaterra.

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