El último año y medio ha traído grandes efectos a la economía del país, que se han sumado a los efectos sociales, políticos y en el diario vivir de la población. Ahora, cuando se percibe que la salida de la pandemia parece más cercana, mirar más allá de la coyuntura se puede hacer con un menor grado de incertidumbre.
Nuestra economía venía mostrando signos de preocupación desde antes de 2019. Entre ellos, la caída en la tasa de crecimiento como también el persistente déficit fiscal.
El menor dinamismo de la economía se fue consolidando a partir de 2014, pasamos de ser una economía que crecía entre 5% y 6% al año a crecer entorno al 2% anual. Las consecuencias de esto son múltiples. Por ejemplo, se reduce la tasa de creación de nuevos puestos de trabajos, los salarios se tienden a estancar y, dado que los ingresos fiscales dependen de los ingresos de los agentes económicos, estos también crecen lentamente, afectando la disponibilidad de recursos para que el estado pueda llevar a cabo su función en la sociedad, por ejemplo implementar nuevos y más ambiciosos programas sociales.
El segundo signo, el persistente déficit fiscal, en parte es consecuencia del menor crecimiento económico, por el efecto sobre los ingresos fiscales, pero también de las presiones por mayor gasto fiscal que han enfrentado los gobiernos en la última década. Esto ha tenido como consecuencia que, sucesivamente, los gobiernos no han podido cumplir con su meta en materia fiscal y que la deuda pública haya pasado de 15% a 30% del PIB en los últimos 5 años. Aunque el nivel de deuda no es alarmante, considerando además los activos financieros que dispone el tesoro público, si lo es la velocidad en que ha crecido, pues en pocos años se volvería insostenible.
El estallido social de octubre de 2019 y la pandemia de Covid-19, que hemos estado viviendo desde inicios de 2020, han profundizado estos problemas, la fuerte contracción de la actividad económica, la mayor desde la crisis de los años 82-83, ha producido significativos efectos económicos como el aumento del desempleo, el cual es aún mayor si se considera a personas que decidieron salir del mercado laboral dada la situación sanitaria y las restricciones a la movilidad.
Hoy el escenario de un proceso de vacunación que, hasta el momento, ha sido exitoso en el país, por la cobertura que se ha logrado en un breve plazo, permite vislumbrar una recuperación de la actividad económica que será más rápida que en muchos países. Sumado a lo anterior, hay que considerar el impacto positivo del mayor precio del cobre que hemos estado enfrentando en los últimos meses, el cual activa al sector minero e impacta positivamente los ingresos del fisco. Además, el paquete fiscal aprobado, recientemente, en Estados Unidos también es una fuerza externa que puede estimular la demanda de bienes producidos en nuestro país.
Sin embargo, ninguno de los elementos que se están presentando permite asegurar que se producirá un cambio permanente en la trayectoria que traída nuestro crecimiento y el debilitamiento de las cuentas fiscales. Tras la fuerte contracción de la actividad económica en 2020 es razonable esperar un efecto rebote, y que puede ser rápido por lo señalado anteriormente, pero ¿qué sucederá después que se disipen estos impulsos transitorios, internos y externos, que están empezando a operar?
Para mirar más allá de la coyuntura hay que reconocer que el crecimiento de la actividad económica y de la sostenibilidad de las cuentas fiscales responden a factores más profundos. En el caso del crecimiento, la capacidad de esta economía de aumentar la productividad es crucial. El desarrollo de un ambiente de negocio movido por la innovación, donde, también, definiciones institucionales juegan un rol central. En el caso del presupuesto fiscal, existe un marco, mejorado a través del tiempo en las últimas dos décadas, que permitió construir una posición fiscal sólida. Volver al acuerdo que reconoce que el nivel de gasto permanente que puede financiar el fisco depende del nivel de ingreso permanente que puede generar es central. La demagogia de varios ha sido tentación para muchos, al ver lo rentable que puede ser, en popularidad, olvidarse de la importancia de la responsabilidad en materia fiscal para lograr que la acción social del estado sea posible de mantener en el tiempo.
Lo anterior se da en un momento en el cual, en el país, se redactará una nueva constitución y, desde el punto de vista económico, las definiciones institucionales que ahí se acuerden serán fundamentales para el desarrollo de la actividad económica y avanzar en la mejora del nivel de vida de la población. Elementos como los que busquen fortalecer el estado de derecho, reconozcan y protejan, adecuadamente, los derechos de propiedad; entre otros, son esenciales para impactar, en el largo plazo no solo en la coyuntura, las posibilidades de crecimiento del país. Lo que hemos aprendido de la experiencia en relación a la autonomía del Banco Central y el control sobre iniciativa legislativas que involucren ingresos y gastos fiscales son lecciones que se deben tener en cuenta a la hora de definir la institucionalidad futura.
Más allá de la coyuntura, las definiciones institucionales que se adopten en el proceso constituyente son el principal desafío económico que enfrentamos, pues serán determinantes en la trayectoria futura de nuestra economía y, en consecuencia, de nuestra sociedad. A no desperdiciar la oportunidad que se nos presenta.
Rodrigo Navia, Ph.D.
Profesor Titular
Escuela de Negocios y Economía
PUCV
Marzo, 2021.
